Abogado de delitos contra la seguridad y el orden público en Alicante

Es delito siempre que conduzcas con más de 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado o más de 1,2 g/l en sangre (art. 379.2 del Código Penal). Con tasas inferiores también puede haber delito si se acredita que conducías bajo la influencia del alcohol, por ejemplo por síntomas o por la forma de conducir.

Sí. Negarse a las pruebas de alcohol o drogas cuando te lo pide un agente es un delito autónomo del artículo 383 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a un año y privación del permiso de uno a cuatro años. Se castiga aunque luego no se demuestre que ibas bebido.

El atentado exige agresión, acometimiento o resistencia grave con violencia o intimidación grave contra la autoridad o sus agentes (art. 550). Si solo te resistes o desobedeces sin esa violencia, es el delito del artículo 556, con penas menores. La línea entre ambos es una cuestión de prueba.

La posesión para consumo propio no es delito, aunque consumir o tener droga en la vía pública es una infracción administrativa. Es delito si la droga se posee para traficar (art. 368). La cantidad, cómo está repartida, el dinero encontrado y otros indicios deciden cuál es el caso.

Sí, si hay indicios racionales de que el registro puede descubrir objetos relevantes, como armas o droga (artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana). Salvo urgencia, debe hacerlo un agente de tu mismo sexo y, si hay que dejar a la vista partes del cuerpo cubiertas, en un lugar reservado y dejando constancia escrita. Deben explicarte el motivo y pueden hacerlo aunque te niegues.

Lo comete quien, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejerce violencia o intimidación sobre personas o cosas, o lo hace obstaculizando las vías públicas con peligro para la vida o la salud de las personas o invadiendo edificios y alterando gravemente servicios esenciales. El artículo 557 del Código Penal lo castiga con prisión de seis meses a tres años, y de tres a cinco años si lo comete una multitud capaz de afectar gravemente el orden público.

En la vía pública, sí puede hacer comprobaciones en personas, bienes y vehículos cuando tenga indicios de que se llevan armas, explosivos u otros objetos peligrosos, y retirarlos (artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2015). Tienes el deber de colaborar y no obstaculizar. Si encuentran droga en cantidad relevante o un arma prohibida, el asunto puede pasar a la vía penal; ahí cuentan cómo se hizo el registro.

Quien afirma falsamente o simula una situación de peligro para la comunidad o un siniestro, y con ello provoca la movilización de la policía, los servicios de asistencia o de salvamento, comete el delito del artículo 561 del Código Penal. La pena es de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses. Una broma telefónica puede, por tanto, acabar en un juicio penal.

Según el artículo 564 del Código Penal, la tenencia de armas de fuego reglamentadas sin las licencias o permisos necesarios se castiga con prisión de uno a dos años si son armas cortas y de seis meses a un año si son armas largas. Las penas suben a dos a tres años y a uno a dos años, respectivamente, si el arma no tiene marcas o número, se introdujo ilegalmente en España o ha sido transformada.

Normalmente no es delito, pero puede ser una infracción administrativa. La Ley de Seguridad Ciudadana considera infracción grave portar, exhibir o usar armas prohibidas (que lo sea o no depende del tipo de navaja), o hacerlo de modo negligente, temerario o intimidatorio (art. 36.10), con multa de 601 a 30.000 euros (art. 39). Exhibir objetos peligrosos con ánimo de intimidar es infracción leve (art. 37.2). Si se usa contra alguien, pueden entrar en juego delitos como las amenazas o las lesiones.

No. Es una sanción administrativa, no una condena penal. Se anota en el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, solo para apreciar la reincidencia en esa misma ley, y la anotación se cancela de oficio al año si la infracción es leve, a los dos si es grave y a los tres si es muy grave (artículo 43 de la Ley Orgánica 4/2015). Los antecedentes penales solo nacen de una condena por delito.

El artículo 352 del Código Penal castiga a quien incendie montes o masas forestales con prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si además ha existido peligro para la vida o la integridad física de las personas, se aplica la pena más grave del artículo 351, con multa de doce a veinticuatro meses en todo caso. Las circunstancias concretas del fuego son decisivas, así que cada caso necesita un análisis detallado.

Si no es posible identificarte en el lugar o te niegas a hacerlo, la policía puede pedirte que la acompañes a comisaría solo para identificarte y por el tiempo estrictamente necesario, que nunca puede superar las seis horas, según el artículo 16.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Deben explicarte el motivo y, al salir, entregarte un volante con el tiempo que has estado, la causa y la identidad de los agentes (art. 16.4).

No por los mismos hechos y con el mismo fundamento. El artículo 45 de la Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe sancionar dos veces cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si la conducta puede ser delito, la Administración debe pasar el caso al juez o al fiscal y paralizar la multa hasta que termine la vía penal. Si finalmente no hay delito, podrá seguir con la sanción administrativa, pero respetando los hechos probados por el juez.

Sí, en las infracciones graves y leves. Según el artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2015, si pagas dentro de los quince días siguientes a la notificación del inicio del expediente, la multa se reduce un 50 %. A cambio, renuncias a presentar alegaciones y el procedimiento termina ese día; solo podrías recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos. Antes de pagar, conviene valorar si tienes argumentos para defenderte.