Procedimiento penal
En resumen
Cuando un chico o una chica de entre 14 y 17 años comete un hecho tipificado como delito, no se le juzga como a un adulto. Se aplica la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (art. 1). Esta ley no impone penas, sino medidas con una finalidad educativa, elegidas según la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor (art. 7.3).
Si el menor tiene menos de 14 años, no se le exige responsabilidad penal. La Fiscalía remite el caso a la entidad pública de protección de menores, que valora su situación y adopta las medidas de protección adecuadas (art. 3).
Desde la Ley Orgánica 1/2025, estos asuntos los juzga la Sección de Menores del Tribunal de Instancia, que con carácter general tiene su sede en la capital de la provincia, Alicante, y sustituye al antiguo Juzgado de Menores.
El procedimiento de menores tiene reglas propias, pensadas para proteger al menor:
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El artículo 7 de la ley enumera las medidas, de mayor a menor restricción. Entre ellas:
Como regla general, las medidas no pueden durar más de dos años (art. 9.3). El internamiento en régimen cerrado solo cabe por delitos graves, por delitos menos graves cometidos con violencia o intimidación o con grave riesgo para la vida o la integridad de las personas, o por delitos cometidos en grupo o al servicio de una banda u organización (art. 9.2). Los hechos imprudentes nunca pueden castigarse con internamiento cerrado (art. 9.4).
En esos casos más graves, la medida puede llegar a tres años si el menor tenía 14 o 15 años al cometer los hechos, y a seis años si tenía 16 o 17 (art. 10.1). Para los delitos más graves, como homicidio, asesinato, determinadas agresiones sexuales, terrorismo o cualquier delito castigado con quince años de prisión o más, el internamiento cerrado es obligatorio: de uno a cinco años para menores de 14 o 15 años y de uno a ocho años para los de 16 o 17, más un periodo posterior de libertad vigilada (art. 10.2).
La ley de menores ofrece salidas que no existen en el proceso de adultos, y una buena defensa trabaja para conseguirlas:
Los padres, tutores, acogedores y guardadores responden solidariamente con el menor de los daños y perjuicios causados. Si no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave, el juez puede moderar su responsabilidad (art. 61.3). Por eso conviene que los padres también estén bien asesorados desde el principio.
Las medidas impuestas a menores se inscriben en un registro propio, distinto del de antecedentes penales de adultos. Más información en nuestra página sobre antecedentes penales. En cuanto a la prescripción, los delitos menos graves cometidos por menores prescriben al año; los graves, a los tres años, o a los cinco si la pena prevista supera los diez años; y los más graves, conforme al Código Penal (art. 15).
La víctima, y sus padres si es menor, pueden personarse como acusación particular, pedir medidas y conocer lo actuado (art. 25). La responsabilidad civil la reclama la Fiscalía salvo que la víctima prefiera hacerlo por sí misma o reservarla para la vía civil (art. 61.1). Te acompañamos como acusación particular. Si la víctima es una chica que ha sufrido violencia de su pareja o violencia sexual, puedes consultar también nuestra sección de violencia de género.
Cada caso es distinto; tras estudiarlo te damos un presupuesto personalizado y por escrito.
A partir de los 14 años. Entre los 14 y los 17 se aplica la Ley Orgánica 5/2000, que impone medidas educativas en lugar de penas. Por debajo de los 14 años no se exige responsabilidad penal: la Fiscalía remite el caso a la entidad pública de protección de menores (art. 3). A partir de los 18 se aplica el Código Penal de adultos.
Sí, pero el internamiento en régimen cerrado solo cabe por delitos graves, por delitos menos graves con violencia o intimidación o con grave riesgo para las personas, o por delitos cometidos en grupo o en banda (art. 9.2 de la Ley Orgánica 5/2000). Existen también internamientos semiabiertos, abiertos y terapéuticos, y muchas otras medidas sin internamiento.
La policía debe ponerlo en libertad o a disposición de la Fiscalía en un máximo de 24 horas. La Fiscalía tiene que resolver dentro de las 48 horas desde la detención si lo deja en libertad, desiste o abre expediente y pide medidas cautelares al juez (art. 17). Durante la detención debe estar separado de los adultos y sus padres deben ser avisados de inmediato.
Sí. Los padres, tutores, acogedores y guardadores responden solidariamente con el menor de la indemnización por los daños y perjuicios (art. 61.3 de la Ley Orgánica 5/2000). Si no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave, el juez puede moderar esa responsabilidad. La reclamación se tramita en una pieza separada del mismo procedimiento.
En muchos casos, sí. En delitos menos graves o leves, la Fiscalía puede desistir o pedir el archivo si el menor se concilia con la víctima, repara el daño o cumple una actividad educativa (arts. 18 y 19 de la Ley Orgánica 5/2000). El equipo técnico también puede proponer no continuar el expediente en interés del menor (art. 27.4).
Al menor no se le imponen penas, sino medidas educativas. El artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000 las enumera de más a menos restrictiva: internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico, tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, convivencia con otra persona o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y amonestación, entre otras.
Por regla general, las medidas no superan los dos años (art. 9.3 de la Ley Orgánica 5/2000). En delitos graves, en los menos graves con violencia, intimidación o grave riesgo, o en los cometidos en grupo, el límite sube a tres años si el menor tenía 14 o 15 años, y a seis si tenía 16 o 17 (art. 10.1). En homicidio, asesinato o violación, el internamiento cerrado puede llegar a cinco u ocho años, según la edad, con libertad vigilada posterior (art. 10.2).
No. Lo que cuenta es la edad que tenía cuando ocurrieron los hechos; que cumpla 18 antes o durante el procedimiento no cambia que lo lleven el Juzgado y la Fiscalía de Menores (artículo 5.3 de la Ley Orgánica 5/2000). Por eso se le aplicarán las medidas de la ley del menor, no las penas del Código Penal para adultos.
Sí, como regla general. Según el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 5/2000, toda declaración del menor detenido se hace en presencia de su abogado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario; en ese caso estará presente un fiscal distinto del instructor. Además, el menor puede entrevistarse en privado con su abogado antes y después de declarar.
Sí. Desde que se abre el expediente, el menor tiene derecho a designar abogado o a que se le nombre uno de oficio y a entrevistarse con él en privado antes de declarar (art. 22.1 de la Ley Orgánica 5/2000). El fiscal requiere al menor y a sus padres para que designen letrado en tres días; si no lo hacen, se nombra uno de oficio del turno especializado del Colegio de Abogados (art. 22.2).
Sí. El artículo 25 de la Ley Orgánica 5/2000 permite personarse como acusación particular a la persona directamente ofendida, sus padres, herederos o representantes legales. Como acusación puedes pedir que se impongan medidas, ver lo actuado, proponer pruebas sobre los hechos, participar en las vistas y recurrir. Además, puedes reclamar la indemnización en la pieza de responsabilidad civil que se tramita ante el Juez de Menores.
Sí, como medida cautelar. El fiscal puede pedir al Juez de Menores el internamiento, la libertad vigilada, una prohibición de acercarse a la víctima o la convivencia con otra familia o grupo educativo cuando hay indicios de delito y riesgo de que el menor eluda la justicia o atente contra la víctima (art. 28.1 de la Ley Orgánica 5/2000). El internamiento cautelar dura como máximo seis meses, prorrogables tres más (art. 28.3).
El juez puede acordar que las sesiones no sean públicas, en interés del menor o de la víctima, y en ningún caso se permite que los medios de comunicación obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan identificarlo (art. 35.2 de la Ley Orgánica 5/2000). Quienes acusan también deben respetar la confidencialidad de sus datos y del expediente (art. 35.3).
La medida continúa hasta cumplir sus objetivos (art. 14.1 de la Ley Orgánica 5/2000). Si se trata de internamiento cerrado y su conducta no responde a lo previsto en la sentencia, el juez puede ordenar que lo termine en un centro penitenciario. Al cumplir 21 años, el internamiento cerrado pendiente pasa como regla a cumplirse en prisión, salvo que el juez, excepcionalmente, decida otra cosa (art. 14.2 y 14.3).
Sí. Cada Juzgado de Menores lleva un registro de sus sentencias (art. 39.3) y, además, existe un Registro Central de sentencias, medidas cautelares, requisitorias y rebeldías de todos los procesos de menores, que se lleva en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2000). El acceso a esos datos está limitado por la normativa de registros de la Administración de Justicia y de protección de datos.
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