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Abogado de compliance penal en Alicante

Si buscas un abogado de compliance penal en Alicante, te ayudamos en las dos situaciones posibles: preparar a tu empresa para prevenir delitos o defenderla si ya está investigada.
Celeste Pérez Bleda, abogada penalista en Alicante
Revisado por Celeste Pérez Bleda, colegiada nº 7301 · Actualizado en octubre de 2026
Equipo de trabajo revisando un informe durante una reunión de empresa

En resumen

Desde 2010 una empresa puede ser condenada penalmente en España. El artículo 31 bis del Código Penal la hace responsable de los delitos cometidos en su beneficio por sus administradores y directivos, o por empleados cuando ha fallado gravemente la supervisión. Las penas van desde multas hasta la suspensión de actividades, la prohibición de contratar con el sector público o la disolución (artículo 33.7). La empresa queda exenta si antes del delito había implantado y aplicado con eficacia un modelo de prevención con los requisitos legales. Si tu empresa recibe una citación, debe designar representante y abogado sin demora.

Qué es la responsabilidad penal de la empresa

El artículo 31 bis del Código Penal permite condenar a una persona jurídica, sea una sociedad mercantil, una asociación o una fundación, en dos casos:

  • Cuando el delito lo cometen, en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto, sus representantes legales o quienes están autorizados para tomar decisiones o tienen facultades de organización y control.
  • Cuando lo cometen empleados sometidos a la autoridad de los anteriores, en el ejercicio de actividades sociales y en beneficio de la empresa, porque estos han incumplido gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control.

La responsabilidad de la empresa es independiente de la de la persona física. Puede exigirse aunque no se haya identificado al autor concreto o no se haya podido dirigir el procedimiento contra él (artículo 31 ter). Si ambos son condenados a multa, el tribunal debe modular las cuantías para que la suma no sea desproporcionada.

Quedan excluidos el Estado, las administraciones públicas territoriales e institucionales, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales y otras entidades que ejercen potestades públicas (artículo 31 quinquies).

Qué delitos pueden imputarse a una empresa

Una empresa solo responde de los delitos en los que el Código Penal lo prevé expresamente. Entre los más relevantes para cualquier negocio están:

  • Estafas (artículo 251 bis) e insolvencias punibles (artículo 258 ter). Ver delitos societarios.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y fraude de subvenciones (artículo 310 bis). Ver delito fiscal.
  • Blanqueo de capitales (artículo 302.2). Ver blanqueo de capitales.
  • Cohecho y tráfico de influencias (artículos 427 bis y 430). Ver delitos contra la Administración pública.
  • Descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos (artículos 197 quinquies y 264 quater). Ver delitos informáticos.
  • Propiedad intelectual e industrial, secretos de empresa y corrupción en los negocios (artículo 288).
  • Delitos urbanísticos (artículo 319) y contra el medio ambiente (artículo 328).
  • Acoso sexual (artículo 184.5) y tráfico de drogas (artículo 369 bis), entre otros.

Penas para la empresa

Todas las penas de las personas jurídicas se consideran graves. El artículo 33.7 enumera las siguientes:

PenaLímite legal
Multa por cuotas o proporcionalSegún cada delito
DisoluciónPérdida definitiva de la personalidad jurídica
Suspensión de actividadesHasta 5 años
Clausura de locales y establecimientosHasta 5 años
Prohibición de realizar las actividades en las que se cometió el delitoTemporal, hasta 15 años, o definitiva
Inhabilitación para subvenciones, contratar con el sector público y beneficios fiscalesHasta 15 años
Intervención judicialHasta 5 años

Para imponer las penas distintas de la multa, el juez valora su necesidad para evitar que la actividad delictiva continúe, sus consecuencias económicas y sociales, especialmente para los trabajadores, y el puesto de quien incumplió el deber de control (artículo 66 bis). Ojo: la clausura temporal, la suspensión de actividades y la intervención judicial pueden acordarse como medida cautelar durante la instrucción.

El modelo de prevención de delitos

El compliance penal es el sistema que permite a la empresa quedar exenta de responsabilidad. Si el delito lo comete un administrador o directivo, la exención exige que, antes del delito, el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de organización y gestión idóneo; que su supervisión esté encomendada a un órgano con poderes autónomos; que el autor haya eludido el modelo de forma fraudulenta, y que no haya habido un control insuficiente (artículo 31 bis.2). Si lo comete un empleado, basta con haber adoptado y ejecutado eficazmente un modelo adecuado (artículo 31 bis.4).

Según el artículo 31 bis.5, el modelo debe:

  1. Identificar las actividades en las que pueden cometerse los delitos que hay que prevenir.
  2. Establecer protocolos sobre cómo se forman la voluntad y las decisiones de la empresa.
  3. Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros que impidan esos delitos.
  4. Obligar a informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia.
  5. Prever un sistema disciplinario que sancione los incumplimientos.
  6. Revisarse periódicamente y cuando haya infracciones o cambios relevantes.

En las empresas de pequeñas dimensiones, las autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el propio órgano de administración puede asumir la supervisión (artículo 31 bis.3). Si los requisitos solo se acreditan en parte, se tiene en cuenta para atenuar la pena.

Diseñamos el modelo a partir de los riesgos reales de tu actividad, no con plantillas genéricas: un modelo que solo existe en papel no exime.

Si tu empresa está investigada

La Ley de Enjuiciamiento Criminal fija reglas propias. La citación se hace en el domicilio social y se requiere a la empresa para que designe un representante especialmente designado, abogado y procurador (artículo 119). Ese representante declara en nombre de la empresa, con derecho a guardar silencio y a no declarar contra ella (artículo 409 bis). Conviene que no sea una persona investigada a título individual en la misma causa, para evitar conflictos de intereses. Más información en citación como investigado.

Atenuantes y antecedentes

Después del delito, la empresa solo puede atenuar su responsabilidad si, a través de sus representantes (artículo 31 quater):

  • confiesa la infracción antes de saber que el procedimiento se dirige contra ella;
  • colabora aportando pruebas nuevas y decisivas;
  • repara o disminuye el daño antes del juicio oral;
  • implanta, antes del juicio oral, medidas eficaces para prevenir futuros delitos.

Las penas de las empresas generan antecedentes que se cancelan con los plazos generales. Si se acuerda la disolución o la prohibición definitiva de actividades, las anotaciones se cancelan a los cincuenta años (artículo 136.3).

Preguntas frecuentes

Sí. El artículo 31 bis del Código Penal permite condenar a sociedades, asociaciones y fundaciones por los delitos cometidos en su beneficio por administradores y directivos, o por empleados cuando ha habido un incumplimiento grave del deber de supervisión. Solo responden de los delitos para los que la ley lo prevé expresamente, como la estafa, el delito fiscal o el blanqueo.

El Código Penal no impone a todas las empresas la obligación de tenerlo. Pero sin un modelo de prevención eficaz implantado antes del delito, la empresa no puede beneficiarse de la exención del artículo 31 bis. Por eso, en la práctica, es la principal herramienta de defensa de una sociedad frente a un procedimiento penal.

El artículo 33.7 prevé multa, disolución, suspensión de actividades hasta cinco años, clausura de locales hasta cinco años, prohibición temporal o definitiva de actividades, inhabilitación para contratar con el sector público y recibir ayudas hasta quince años, e intervención judicial hasta cinco años. La multa es la más habitual; las demás requieren una valoración específica del juez.

Sí. La ley prevé que en las empresas de pequeñas dimensiones, las autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el propio órgano de administración pueda asumir la supervisión del modelo (artículo 31 bis.3). El modelo debe ser proporcionado a la actividad y a sus riesgos reales, sin la estructura que necesitaría una gran compañía.

La empresa designa un representante especialmente designado, que comparece con el abogado de la entidad (artículos 119 y 409 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Tiene derecho a guardar silencio y a no declarar contra la empresa. Si no comparece, se entiende que la empresa se acoge a su derecho a no declarar.

El artículo 31 bis del Código Penal prevé dos vías: delitos cometidos en nombre o por cuenta de la empresa, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes o quienes pueden decidir por ella; y delitos cometidos por empleados en ese mismo beneficio cuando ha sido posible porque los responsables han incumplido gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control. Además, solo responde en los supuestos que el Código prevé expresamente.

Solo por los que el Código Penal prevé expresamente (art. 31 bis.1). Entre ellos están, por ejemplo, las estafas (art. 251 bis), el blanqueo de capitales (art. 302.2), los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis), el cohecho (art. 427 bis), los delitos informáticos y contra la intimidad (arts. 197 quinquies y 264 quater), el tráfico de drogas (art. 369 bis) y los delitos contra el medio ambiente (art. 328).

El artículo 31 bis.5 del Código Penal exige que el modelo identifique las actividades de riesgo, establezca protocolos de toma de decisiones, gestione los recursos financieros para impedir delitos, imponga la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia, cuente con un sistema disciplinario y se verifique periódicamente, modificándose cuando haya infracciones relevantes o cambios en la empresa. Un documento genérico sin aplicación real no cumple estos requisitos.

Depende del delito. Puede ser proporcional, como en el delito fiscal, donde va del tanto al doble de lo defraudado (art. 310 bis del Código Penal), o por cuotas: hasta cinco años de multa con una cuota diaria de 30 a 5.000 euros (art. 50). Además caben la disolución, la suspensión de actividades o la prohibición de contratar con el sector público (art. 33.7). Si la multa pone en peligro la supervivencia de la empresa o los empleos, puede fraccionarse hasta cinco años (art. 53.5).

No exime, pero puede atenuar. La exención exige que el modelo se haya adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito (art. 31 bis.2 y 4 del Código Penal). Sin embargo, el artículo 31 quater considera atenuante haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir futuros delitos. Y si los requisitos solo se acreditan en parte, también se valoran para rebajar la pena.

El artículo 31 quater del Código Penal solo admite como atenuantes, además del compliance posterior, que la empresa, a través de sus representantes: confiese la infracción a las autoridades antes de saber que el procedimiento se dirige contra ella; colabore aportando pruebas nuevas y decisivas en cualquier momento del proceso; o repare o disminuya el daño antes del juicio oral. Elegir cuándo y cómo hacerlo requiere una estrategia de defensa bien pensada.

Sí. Según el artículo 31 ter del Código Penal, la responsabilidad de la empresa es exigible siempre que conste que el delito lo cometió alguien con los cargos o funciones del artículo 31 bis, aunque la persona concreta no haya sido identificada o no se haya podido dirigir el procedimiento contra ella. Tampoco desaparece porque esa persona haya fallecido o se haya fugado. Si se multa a ambas, el juez debe modular las cuantías.

No necesariamente. El artículo 130.2 del Código Penal establece que la transformación, fusión, absorción o escisión no extingue la responsabilidad penal, que pasa a la entidad resultante, aunque el juez puede moderar la pena. Tampoco la extingue una disolución encubierta o aparente, que existe, en todo caso, cuando se continúa la actividad manteniendo en lo sustancial los mismos clientes, proveedores y empleados.

Sí. Las penas impuestas a las personas jurídicas se cancelan en el plazo que corresponda según las reglas generales del artículo 136 del Código Penal. Como todas sus penas tienen la consideración de graves (art. 33.7), ese plazo es, en principio, de diez años. Si se acordó la disolución o la prohibición definitiva de actividades, la anotación no se cancela hasta pasados cincuenta años desde la firmeza de la sentencia. Es un motivo más para invertir en prevención.

Sí, como medida cautelar. El artículo 33.7 del Código Penal permite que el juez instructor acuerde, durante la instrucción, la clausura temporal de locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial de la empresa. Son medidas que pueden paralizar el negocio, por lo que la defensa debe intervenir desde el principio para discutir su necesidad y proporcionalidad.

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