Procedimiento penal
En resumen
Si otro país te reclama para juzgarte o para que cumplas una condena, hay dos procedimientos posibles, según quién te reclame:
En los dos casos, aunque te detengan en Alicante, en un domicilio de la Costa Blanca o en el aeropuerto de Alicante-Elche, el procedimiento se tramita en la Audiencia Nacional, en Madrid. Lo resuelve la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, el antiguo Juzgado Central de Instrucción, o la Sala de lo Penal, según la fase.
Para 32 categorías de delitos (entre ellas tráfico de drogas, estafa, blanqueo, delitos informáticos, robo organizado o a mano armada y homicidio), si el delito está castigado en el país que te reclama con una pena máxima de al menos tres años, la entrega se acuerda sin comprobar si el hecho es también delito en España (arts. 20 y 47 de la Ley 23/2014). En los demás casos, la pena máxima debe ser de al menos doce meses, o la condena a cumplir de al menos cuatro meses, y la entrega puede supeditarse a que el hecho sea delito en España.
Ojo: el consentimiento a la entrega es irrevocable. No conviene darlo sin haber hablado antes con tu abogado.
La ley obliga a denegar la entrega, por ejemplo, si ya has sido juzgado definitivamente por los mismos hechos en otro Estado miembro (con la condena, si la hubo, cumplida o en ejecución), si fuiste indultado en España por esos hechos o si por tu edad no serías responsable penalmente en España (art. 48.1). Y permite denegarla, entre otros casos, si ya estás siendo procesado en España por lo mismo o si la orden busca que cumplas una pena y eres español o resides en España: entonces la pena puede cumplirse aquí (art. 48.2). También hay causas específicas para las condenas dictadas en tu ausencia (art. 49).
Si eres español o resides en España y te reclaman para juzgarte, la entrega puede condicionarse a que, si te condenan, vuelvas a cumplir la pena en España (art. 55.2). Además, tienes derecho a designar un abogado en el país que te reclama, que colabora con tu defensa en España (art. 50.3).
Según la Ley 4/1985, la extradición puede concederse por hechos castigados en ambos países con al menos un año de prisión, o para cumplir una condena de al menos cuatro meses (art. 2). No se concede, entre otros supuestos:
El procedimiento tiene una fase gubernativa y otra judicial. Si te detienen por una petición urgente, debes ser puesto a disposición judicial en 24 horas, y la prisión provisional se levanta si el país no presenta la solicitud formal en 40 días (arts. 8 y 10). Tras la comparecencia y la vista, la Audiencia Nacional resuelve por auto, que puede recurrirse en súplica ante el Pleno de su Sala de lo Penal (art. 15). Aunque los jueces declaren procedente la extradición, el Gobierno todavía puede denegarla (art. 6).
Si la detención se produce en el aeropuerto o te afecta como residente extranjero, consulta también nuestra página de abogado penalista para extranjeros y nuestra guía sobre qué hacer si te detienen en el aeropuerto de Alicante-Elche. Si necesitas asistencia urgente, escríbenos por WhatsApp al 607 449 491 y conoce nuestro servicio de abogado para detenidos 24 horas.
Cada caso es distinto; tras estudiarlo te damos un presupuesto personalizado y por escrito.
En un máximo de 72 horas te ponen a disposición del juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. En otras 72 horas como máximo se celebra una audiencia, con abogado e intérprete, en la que te preguntan si consientes la entrega. Si no consientes, hay una vista y la decisión firme debe tomarse en 60 días desde la detención, prorrogables 30 (Ley 23/2014).
En la extradición a países de fuera de la Unión Europea, no: la Ley 4/1985 prohíbe extraditar a españoles (art. 3). Con la orden europea de detención sí cabe la entrega de españoles, pero si te reclaman para cumplir una pena puede denegarse y cumplirse aquí, y si te reclaman para juzgarte la entrega puede condicionarse a que cumplas en España la pena que te impongan.
No lo hagas sin hablar antes con tu abogado. El consentimiento es irrevocable y acelera la entrega: el juez debe decidir en 10 días. A veces conviene, porque evita meses de prisión provisional en España, pero antes hay que comprobar si existen motivos para oponerse o para condicionar la entrega, como cumplir aquí la pena.
En la orden europea, solo los jueces: la Audiencia Nacional decide y su resolución puede recurrirse en apelación. En la extradición a países de fuera de la Unión intervienen jueces y Gobierno: el Gobierno decide si se inicia la fase judicial y, aunque la Audiencia Nacional declare procedente la extradición, puede denegarla por razones de soberanía, reciprocidad, seguridad u orden público (art. 6 de la Ley 4/1985).
Sí. Una orden de detención europea o una petición de extradición puede detectarse en el control de pasaportes, y la detención puede producirse al entrar o salir de España. Aunque la detención sea en el aeropuerto de Alicante-Elche, el procedimiento se tramita en la Audiencia Nacional. Pide abogado desde el primer momento y no firmes ni consientas nada sin asesoramiento.
La orden europea es una resolución judicial entre Estados de la Unión Europea que se ejecuta de juez a juez: en España decide el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (arts. 34 y 35 de la Ley 23/2014). La extradición se aplica normalmente a países de fuera de la UE e incluye una fase política: aunque el tribunal la declare procedente, el Gobierno puede denegarla (art. 6 de la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva).
La ley le da carácter urgente. Según el artículo 54 de la Ley 23/2014, si consientes la entrega el juez debe decidir en los diez días siguientes a la audiencia, y si no la consientes, el plazo máximo para una resolución firme es de sesenta días desde la detención, prorrogable treinta más por razones justificadas. Acordada la entrega, debe hacerse efectiva en un plazo de diez días (art. 58.1).
Sí. El artículo 53 de la Ley 23/2014 obliga al Juez Central de Instrucción, oído el fiscal, a decidir entre prisión provisional o libertad provisional con las medidas cautelares necesarias para asegurar que estés disponible, como retirada del pasaporte o comparecencias. La decisión puede cambiarse en cualquier momento y es recurrible en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Según el artículo 47 de la Ley 23/2014, para la lista de delitos del artículo 20 (como terrorismo, tráfico de drogas, estafa, blanqueo, homicidio o delitos informáticos) castigados en el país emisor con al menos tres años, la entrega se acuerda sin comprobar si el hecho también es delito en España. En los demás casos se exige una pena máxima de al menos doce meses, o una condena de al menos cuatro, y puede exigirse que el hecho sea delito en España.
Sí, en los casos que fija la ley. El artículo 48 de la Ley 23/2014 obliga a denegarla, por ejemplo, si la persona ya fue juzgada definitivamente por los mismos hechos en otro Estado de la UE o si por su edad no podría ser responsable penalmente en España. Y permite denegarla, entre otros supuestos, si ya se sigue un proceso en España por el mismo hecho o si se trata de cumplir una pena y la persona es española o reside aquí.
Si no consentiste la entrega, sí. El artículo 51.8 de la Ley 23/2014 permite recurrir en apelación el auto del Juez Central de Instrucción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con tramitación preferente. En cambio, si consentiste la entrega y el juez la acuerda, el artículo 51.4 establece que contra ese auto no cabe recurso. Por eso es esencial decidir con asesoramiento antes de la audiencia.
Es una detención urgente mientras el país reclamante formaliza su petición. Según el artículo 8 de la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva, la solicitud puede llegar por Interpol y el detenido debe pasar a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia en un plazo no superior a veinticuatro horas. Si en cuarenta días el país no presenta la solicitud formal de extradición, la prisión provisional queda sin efecto (arts. 8.2 y 10).
Los supuestos están en el artículo 4 de la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva. La prohíbe, entre otros casos, por delitos políticos (sin incluir el terrorismo), delitos militares, si la responsabilidad penal se ha extinguido, si la persona ya ha sido juzgada o lo está siendo en España por los mismos hechos, si tiene reconocido el asilo o si el país no garantiza que no será ejecutada ni sometida a tratos inhumanos o degradantes.
Sí. El artículo 58.6 de la Ley 23/2014 obliga a comunicar al país emisor, en el momento de la entrega, el tiempo de privación de libertad sufrido para que se descuente de la pena que se imponga. En la extradición, el artículo 18.1 de la Ley 4/1985 condiciona la entrega a que el tiempo privado de libertad a efectos de extradición se compute como cumplimiento de la condena.
Es posible, pero con garantías. En la orden europea, el artículo 49 de la Ley 23/2014 permite denegar la entrega si no compareciste al juicio, salvo que el país emisor asegure, entre otras cosas, que se te notificará la sentencia y podrás pedir un nuevo juicio o recurrir. En la extradición, si la condena en ausencia es a una pena que en España no podría imponerse sin estar presente, el artículo 2 de la Ley 4/1985 exige garantías de un nuevo juicio contigo presente y defendido.
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