Defensa internacional
En resumen
En Alicante y la Costa Blanca conviven residentes de muchas nacionalidades y turistas que llegan durante todo el año. Cuando uno de ellos se ve envuelto en un problema penal, a la angustia de cualquier detenido se suman otras: no entender el idioma, no conocer el sistema español, tener un vuelo de vuelta en pocos días o temer por su permiso de residencia.
Las situaciones más habituales son:
Nuestro equipo te atiende en tu idioma: inglés, francés, alemán, neerlandés, ruso, ucraniano, rumano, albanés, árabe, chino, polaco, sueco y noruego, también a través de nuestra web en esos idiomas. Tu familia puede contactarnos desde su país y explicarnos el caso sin intermediarios.
Un extranjero detenido tiene los mismos derechos que un español y algunos más, recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Si te detienen en el aeropuerto, lee también nuestra guía sobre qué hacer si te detienen en el aeropuerto de Alicante-Elche. Y si necesitas un abogado ahora mismo, llama a nuestro servicio de abogado para detenidos 24 horas.
Muchos casos de turistas se tramitan como juicio rápido: delitos castigados con hasta cinco años de prisión, iniciados por atestado policial, cuando se trata, por ejemplo, de delitos flagrantes, hurtos, robos o delitos contra la seguridad del tráfico (art. 795 LECrim).
El juicio rápido permite algo muy importante para quien tiene que volver a su país: la conformidad en el juzgado de guardia. Si el delito está castigado con hasta tres años de prisión, o con multa, la pena pedida, reducida en un tercio, no supera los dos años de prisión y se cumplen los demás requisitos, puedes aceptar la acusación y el juez dicta sentencia en el acto, rebajando la pena en un tercio (art. 801). En muchos casos puede además suspenderse la pena de prisión, de modo que puedes volver a casa con el asunto resuelto en el propio juzgado de guardia.
Pero una conformidad es una condena. Genera antecedentes penales y, si eres residente extranjero, puede tener consecuencias graves en tu situación administrativa. No aceptes nada sin que tu abogado haya valorado antes si hay defensa posible y qué efectos tendrá la condena en tu país y en tu residencia. Te lo contamos con más detalle en nuestro artículo sobre qué sucede cuando un turista se enfrenta a la ley penal en Alicante.
Cuando se condena a un extranjero a una pena de prisión de más de un año, la regla general es sustituirla por la expulsión del territorio español (art. 89.1 CP). El juez puede ordenar que se cumpla antes una parte de la pena, no superior a dos tercios, y en las penas de más de cinco años puede acordar el cumplimiento de todo o parte de la pena (art. 89.2).
Según el caso, la expulsión puede ser una salida deseada (volver a casa en lugar de entrar en prisión) o lo peor que puede pasarte (perder la vida que tienes aquí). Por eso hay que plantearla desde el principio de la defensa: una pena de un año no permite la sustitución por expulsión y una de un año y un día, sí.
Al margen del proceso penal, la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería permite expulsar mediante expediente administrativo al extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa castigada con pena de prisión superior a un año, salvo que los antecedentes penales estén cancelados (art. 57.2). La expulsión lleva consigo una prohibición de entrada de hasta cinco años, o de hasta diez si se aprecia una amenaza grave (art. 58).
La ley establece protecciones reforzadas para determinados extranjeros, como los residentes de larga duración: antes de expulsarlos deben valorarse el tiempo de residencia en España, los vínculos creados, su edad y las consecuencias para el interesado y su familia (art. 57.5). Esta ley se aplica a los nacionales de fuera de la Unión Europea; los ciudadanos de la Unión tienen su propio régimen, aunque se les aplica la LOEX en lo que les sea más favorable (art. 1.3).
Por eso la estrategia penal de un residente extranjero debe pensar siempre en su residencia. Y una vez cumplida la condena, conviene cancelar los antecedentes penales cuanto antes.
Si la justicia de otro país de la Unión Europea te reclama, la orden europea de detención y entrega se tramita en la Audiencia Nacional con plazos muy cortos: en 72 horas debes ser puesto a disposición judicial y en otras 72 se celebra la audiencia en la que se te pregunta si consientes la entrega (Ley 23/2014, arts. 50 y 51). Si te reclama un país de fuera de la Unión, se aplica la Ley de Extradición Pasiva. Lo explicamos en detalle en nuestra página de extradición y orden europea de detención.
Cada caso es distinto; tras estudiarlo te damos un presupuesto personalizado y por escrito.
Los mismos que un español y, además, intérprete gratuito si no entiendes el castellano, información de tus derechos por escrito en una lengua que comprendas y que se avise a tu consulado de la detención, con derecho a comunicarte con él y a recibir su visita (art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). También puedes guardar silencio y elegir abogado.
Depende de tu situación procesal. Si no hay prisión provisional ni prohibición de salida, puedes viajar, pero debes estar localizable y comparecer cuando te citen. En un juicio rápido, la conformidad en el juzgado de guardia permite resolver el caso antes de volver, con una rebaja de un tercio de la pena. Tu abogado debe valorar antes las consecuencias de esa condena.
Sí. Si te condenan a más de un año de prisión, la pena se sustituye como regla por la expulsión, salvo que resulte desproporcionada por tu arraigo (art. 89 del Código Penal). Además, una condena por delito doloso castigado con más de un año de prisión es causa de expulsión administrativa, salvo que los antecedentes estén cancelados (art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000).
Solo en casos excepcionales. El artículo 89.4 del Código Penal limita la expulsión de ciudadanos de la Unión a quienes representen una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, y exige requisitos adicionales si han residido en España los diez años anteriores. Los ciudadanos de la Unión tienen además su propio régimen administrativo, distinto de la ley de extranjería.
Si la expulsión sustituye a una pena de prisión, la prohibición de regreso es de cinco a diez años (art. 89.5 del Código Penal). Si es una expulsión administrativa, la prohibición de entrada no puede superar los cinco años, salvo amenaza grave para el orden o la seguridad pública, en que puede llegar a diez (art. 58 de la Ley Orgánica 4/2000).
Sí. Nuestro equipo te atiende en inglés, francés, alemán, neerlandés, ruso, ucraniano, rumano, albanés, árabe, chino, polaco, sueco y noruego, también a través de nuestra web en esos idiomas. En las diligencias policiales y judiciales tienes además derecho a intérprete gratuito. Tu familia puede escribirnos por WhatsApp al 607 449 491 desde cualquier país.
Sí, si no hablas o no entiendes el castellano. El artículo 123 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal te reconoce intérprete en todas las actuaciones en que debas estar presente, incluidas todas las vistas y el juicio oral, y también en las conversaciones con tu abogado relacionadas con tu declaración o con un recurso. Los gastos los paga la Administración, sea cual sea el resultado del proceso.
Los esenciales para tu defensa, sí. El artículo 123.1.d) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a traducir en todo caso la resolución que acuerde tu prisión, el escrito de acusación y la sentencia. Puedes pedir de forma motivada que se considere esencial otro documento. Excepcionalmente, la traducción escrita puede sustituirse por un resumen oral en tu lengua si así queda garantizada tu defensa (art. 123.3).
Estar en España sin autorización de residencia no es delito, sino una infracción administrativa grave (art. 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000), castigada con multa de 501 a 10.000 euros o, en su lugar, con la expulsión (arts. 55 y 57). Si se abre un expediente de expulsión, la autoridad gubernativa o sus agentes pueden detenerte cautelarmente hasta 72 horas antes de pedir el internamiento (art. 61). Tienes derecho a abogado y a intérprete, gratuitos si no tienes recursos (art. 22.2).
Sí, si acreditas que no tienes recursos suficientes. El artículo 2.a) de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita reconoce este derecho a los extranjeros que se encuentren en España en las mismas condiciones que a los españoles. Además, en los procedimientos de expulsión, devolución o denegación de entrada, y en materia de asilo, tienes derecho a abogado gratuito si acreditas insuficiencia de recursos (art. 2.e).
Puede complicarse. Para la autorización inicial de residencia temporal se exige no tener antecedentes penales en España ni en los países de residencia anteriores (art. 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000). En la renovación, los antecedentes se valoran teniendo en cuenta si hubo indulto o suspensión de la pena (art. 31.7). Cada caso requiere estudiar la condena y su posible cancelación.
En un expediente de expulsión, el instructor puede pedir al juez de instrucción el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. El juez decide con audiencia del interesado y valora, entre otras cosas, el riesgo de no comparecer. El internamiento dura el tiempo imprescindible, con un máximo de 60 días, y no puede repetirse por las mismas causas en el mismo expediente (art. 62 de la Ley Orgánica 4/2000).
Si eres de otro país de la Unión Europea, es posible. La Ley 23/2014 permite transmitir la sentencia a otro Estado miembro para que la ejecute cuando eso facilite tu reinserción (art. 66). Lo puede pedir la persona condenada, aunque la decisión es del juez (art. 65). Normalmente hace falta tu consentimiento, salvo, por ejemplo, si se trata de tu país de nacionalidad y residencia (art. 67). Fuera de la UE depende de los tratados aplicables.
Puede ser un obstáculo. Para la nacionalidad por residencia, el artículo 22.4 del Código Civil exige justificar buena conducta cívica y un grado suficiente de integración en la sociedad española, y una condena penal puede pesar en esa valoración. La concesión o denegación puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 22.5). Conviene revisar antes si los antecedentes pueden cancelarse.
Sí. El Estatuto de la víctima se aplica con independencia de tu nacionalidad o de que tengas residencia legal (art. 1 de la Ley 4/2015). Si eres mujer víctima de violencia de género o sexual y denuncias, no se abrirá expediente de expulsión por tu situación irregular (art. 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000). Las víctimas de trata tienen protecciones similares (art. 59 bis), igual que las de redes de explotación que denuncian o colaboran con las autoridades (art. 59).
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