Delitos económicos
En resumen
No toda deuda con Hacienda es delito. El artículo 305 del Código Penal castiga a quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o ingresos a cuenta, u obteniendo indebidamente devoluciones o beneficios fiscales, siempre que la cuota defraudada supere los 120.000 euros.
Ese límite se calcula así (artículo 305.2):
Por debajo de esa cifra, la defraudación se trata en vía administrativa, con liquidación y sanción tributaria, pero no es delito. Y no basta con deber dinero: tiene que haber defraudación, es decir, ocultación o engaño. Como regla general, quien declara correctamente pero no puede pagar no defrauda. Eso sí, la ley advierte de que presentar declaraciones no excluye la defraudación si esta se acredita por otros hechos.
Existe también un delito contable (artículo 310), castigado con prisión de cinco a siete meses, para quien, obligado a llevar contabilidad, la incumpla absolutamente en estimación directa, lleve doble contabilidad o registre anotaciones falsas o ficticias. En estos dos últimos casos se exige que los cargos o abonos falseados superen los 240.000 euros por ejercicio.
| Delito | Pena de prisión | Multa |
|---|---|---|
| Delito fiscal básico (art. 305) | 1 a 5 años | Del tanto al séxtuplo de la cuota |
| Delito fiscal agravado (art. 305 bis): más de 600.000 euros, organización o grupo criminal, testaferros, sociedades interpuestas o paraísos fiscales | 2 a 6 años | Del doble al séxtuplo |
| Contra la Seguridad Social (art. 307) | 1 a 5 años | Del tanto al séxtuplo |
| Seguridad Social agravado (art. 307 bis): más de 120.000 euros u otras agravantes | 2 a 6 años | Del doble al séxtuplo |
| Fraude de subvenciones (art. 308) | 1 a 5 años | Del tanto al séxtuplo |
A todas se suma la pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios fiscales o de la Seguridad Social: de tres a seis años en los tipos básicos y de cuatro a ocho en los agravados. Las empresas también pueden ser condenadas (artículo 310 bis); lo explicamos en compliance penal.
El Código Penal ofrece dos salidas que conviene conocer cuanto antes:
Ese plazo de dos meses es corto. Si te acaban de citar, lee nuestra página sobre citación como investigado y escríbenos por WhatsApp.
El proceso penal no paraliza el cobro: Hacienda puede seguir reclamando la deuda salvo que el juez suspenda la ejecución, normalmente con garantía (artículo 305.5).
Suspensión de la pena. Las penas de hasta dos años pueden suspenderse según el artículo 80. En los delitos fiscales y contra la Seguridad Social, el artículo 308 bis exige además haber pagado la deuda o comprometerse a hacerlo de acuerdo con tu capacidad económica, sin ocultar patrimonio. Si incumples ese compromiso pudiendo pagar, la suspensión se revoca.
Prescripción. El delito fiscal básico, con pena máxima de cinco años, prescribe a los cinco años; el agravado del artículo 305 bis, a los diez (artículo 131). Más detalles en nuestro artículo sobre prescripción de los delitos.
Responsabilidad civil. La condena incluye la deuda tributaria con intereses, que se cobra por la vía de apremio de la propia Administración (artículo 305.7).
Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por tributo y periodo impositivo, según el artículo 305 del Código Penal. En impuestos que se declaran por trimestres o meses, como el IVA, se suma el año natural. Por debajo de esa cifra hay una infracción tributaria que se resuelve con liquidación y sanción administrativa, pero no un delito.
Si pagas y reconoces la deuda antes de que te notifiquen una inspección o se presente denuncia o querella, regularizas tu situación y no hay delito (artículo 305.4). Si ya estás investigado, pagar y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a tu citación judicial permite que el juez rebaje la pena en uno o dos grados (artículo 305.6).
Puede ocurrir, pero no es automático. La pena básica es de uno a cinco años. Si la condena no supera los dos años y no tienes antecedentes computables, cabe suspenderla, aunque en los delitos fiscales se exige pagar la deuda o comprometerse a ello según tus posibilidades (artículo 308 bis). Una pena reducida por pago y reconocimiento facilita mucho esa suspensión.
El delito fiscal básico prescribe a los cinco años, porque su pena máxima es de cinco años de prisión. El agravado del artículo 305 bis, con pena de hasta seis años, prescribe a los diez. Son plazos distintos de los cuatro años de prescripción administrativa, por lo que conviene revisar cada ejercicio con detalle.
El autor del delito fiscal es, en principio, el obligado tributario o quien actúa en su nombre, como el administrador de una sociedad. Pero un asesor puede ser acusado como cooperador si participa conscientemente en el fraude. En cada caso estudiamos qué decidió y qué sabía cada persona, porque las responsabilidades no son iguales.
Si hay condena, sí. El delito fiscal básico tiene prisión de uno a cinco años (art. 305 del Código Penal). Sin volver a delinquir, los antecedentes se cancelan a los dos años si la pena impuesta no supera doce meses, a los tres si es inferior a tres años y a los cinco si es de tres años o más (art. 136). Pagar y reconocer los hechos ante el juez en los dos meses siguientes a la citación como investigado permite rebajar la pena (art. 305.6) y puede acortar esos plazos.
El artículo 305 bis del Código Penal eleva la pena a prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota cuando lo defraudado supera los 600.000 euros, cuando se comete dentro de una organización o grupo criminal, o cuando se usan personas o sociedades interpuestas, negocios fiduciarios o paraísos fiscales que ocultan la identidad del responsable, la cuantía defraudada o su patrimonio. En estos casos, la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales dura de cuatro a ocho años.
Puedes responder personalmente. El artículo 31 del Código Penal permite condenar al administrador de hecho o de derecho que comete la defraudación, aunque la obligada a pagar el impuesto sea la sociedad. Y la propia empresa puede ser condenada si se dan los requisitos del artículo 31 bis: el artículo 310 bis le impone multa del tanto al doble de lo defraudado, la pérdida de ayudas y beneficios fiscales de tres a seis años y, según el caso, otras penas. Más sobre compliance penal.
Puede serlo si hay defraudación. El artículo 307 del Código Penal castiga con prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo a quien defrauda a la Seguridad Social eludiendo cuotas u obteniendo devoluciones o deducciones indebidas por más de 50.000 euros, sumando lo defraudado durante cuatro años naturales. Por encima de 120.000 euros, o con organización o personas interpuestas, la pena es de dos a seis años (artículo 307 bis). Regularizar a tiempo evita la responsabilidad penal.
Según el artículo 308 del Código Penal, obtener subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000 euros falseando u ocultando las condiciones, o desviarlas a otros fines, se castiga con prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo. Si la cuantía está entre 10.000 y 100.000 euros, la pena es de tres meses a un año de prisión o multa del tanto al triplo. Devolverla con intereses antes de que se notifiquen actuaciones de control o haya denuncia evita la pena.
Puede serlo. El artículo 310 del Código Penal castiga con prisión de cinco a siete meses a quien, estando obligado por la ley tributaria a llevar contabilidad, la incumple totalmente en estimación directa, lleva contabilidades distintas que ocultan o simulan la verdadera situación de la empresa, deja sin anotar operaciones o hace anotaciones ficticias. En estos dos últimos casos, además, deben haberse omitido o falseado las declaraciones y superarse los 240.000 euros por ejercicio.
Puede serlo. El artículo 307 ter del Código Penal castiga con prisión de seis meses a tres años obtener o prolongar indebidamente prestaciones de la Seguridad Social simulando o tergiversando hechos u ocultando datos que había obligación de comunicar. Si el caso no reviste especial gravedad, la pena es multa del tanto al séxtuplo, y si supera los 50.000 euros, prisión de dos a seis años. Queda exento quien reintegra lo cobrado, con intereses, antes de que se le notifique una inspección o se presente denuncia o querella.
Sí. El artículo 305.5 del Código Penal establece que la existencia del procedimiento penal por delito fiscal no paraliza la acción de cobro de la deuda tributaria. La Administración puede iniciar el cobro salvo que el juez acuerde suspender la ejecución previa garantía; si no puedes prestarla, excepcionalmente puede suspenderla sin ella cuando la ejecución pudiera causar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación vinculada al delito se ajustará después a lo que se decida en el proceso penal.
Sí, puede haberlo. El artículo 305.1 del Código Penal aclara que la mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación cuando esta se acredita por otros hechos, por ejemplo si lo declarado oculta ingresos o incluye gastos que no responden a operaciones reales. Lo que se castiga es defraudar a Hacienda por encima de 120.000 euros por tributo y periodo, no el simple hecho de equivocarse, y cada caso exige revisar a fondo la documentación.
El artículo 305.1 del Código Penal añade la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres a seis años, y de cuatro a ocho en los casos agravados del artículo 305 bis. Para cobrar la multa y la responsabilidad civil, que incluye la deuda no liquidada por prescripción u otra causa legal, con intereses, el juez acude a la Administración tributaria, que las exige por la vía de apremio (artículo 305.7).
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