Procedimiento penal
En resumen
El indulto es una medida de gracia por la que el Gobierno perdona, total o parcialmente, una pena impuesta por sentencia firme. Lo regula una ley muy antigua pero vigente, la Ley de 18 de junio de 1870, reformada en 1988. Si se concede, extingue la responsabilidad penal en lo que abarque (art. 130.1.4.º del Código Penal).
El indulto no revisa si la sentencia es justa ni si eres culpable. Parte de la condena y pide que, por razones de justicia, equidad o utilidad pública, no se cumpla toda la pena o se cumpla de otra forma. Por eso es una vía distinta de los recursos y llega cuando estos ya se han agotado.
Es una petición individual. La Constitución prohíbe los indultos generales (art. 62.i), y cada expediente se estudia caso por caso.
Según los artículos 1 y 2 de la Ley de Indulto, se puede indultar a los condenados por cualquier delito, pero con estas excepciones:
Pueden pedirlo el propio condenado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder (art. 19). También pueden proponerlo el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o el fiscal (art. 20), y el artículo 4.3 del Código Penal permite al juez dirigirse al Gobierno cuando la pena resulte notablemente excesiva.
Hay cosas que el indulto no cubre. No alcanza a la indemnización civil a la víctima (art. 6) ni a las costas del proceso (art. 9). El indulto de la pena principal no incluye, salvo mención expresa, la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos (art. 6). Además, puede concederse con condiciones, como no causar perjuicio a terceros, y el tribunal no lo aplicará hasta que se cumplan (arts. 15 a 17).
El informe del tribunal sentenciador pesa mucho. El artículo 25 de la Ley de Indulto enumera lo que debe hacer constar: tu edad, estado y profesión; tus méritos y antecedentes; si has sido condenado antes por otro delito; las circunstancias atenuantes o agravantes; el tiempo de prisión preventiva; la parte de la condena ya cumplida; tu conducta posterior y, especialmente, las pruebas de arrepentimiento; si hay parte ofendida y si el indulto perjudica a terceros.
Por eso no basta con pedirlo. Hay que demostrar con documentos que la persona que hoy pide el indulto ha cambiado respecto de la que cometió los hechos: trabajo estable, cargas familiares, tratamiento superado, indemnización pagada o comprometida. Y si tienes condenas anteriores, conviene revisar si pueden cancelarse los antecedentes penales, porque la reincidencia es un obstáculo.
La solicitud se dirige al Ministro de Justicia por conducto del tribunal sentenciador o del director del centro penitenciario, según el caso (art. 22). Lo que hacemos:
No automáticamente. La regla general es que la solicitud de indulto no suspende el cumplimiento de la sentencia (art. 32 de la Ley de Indulto). Pero el Código Penal permite al juez suspender la ejecución mientras se resuelve en dos casos (art. 4.4 CP):
Antes de pedir el indulto conviene comprobar si cabe la suspensión de la pena (penas de hasta dos años, art. 80 CP), que suele ser una vía más directa. Y si ya estás cumpliendo, el derecho penitenciario ofrece herramientas como el tercer grado, los permisos o la libertad condicional.
La ley prevé que el tribunal sentenciador oiga a la parte ofendida antes de informar (art. 24). Si eres la víctima o el perjudicado, puedes manifestar tu posición en el expediente. Y recuerda que el indulto nunca alcanza a la indemnización civil que te reconoció la sentencia (art. 6). Si necesitas defender tus derechos como víctima, consulta nuestra página de acusación particular.
No te vamos a prometer un resultado: la concesión depende del Gobierno y de los informes. Sí te diremos con claridad qué opciones reales tienes. Cada caso es distinto; tras estudiarlo te damos un presupuesto personalizado y por escrito.
Cuando la condena es firme, es decir, cuando ya no cabe recurso. La Ley de Indulto excluye a quienes aún no han sido condenados por sentencia firme y a quienes no están a disposición del tribunal para cumplir la pena. Los reincidentes también quedan excluidos, salvo que el tribunal sentenciador aprecie razones de justicia, equidad o conveniencia pública.
No por sí solo: la solicitud no suspende el cumplimiento de la sentencia (art. 32 de la Ley de Indulto). Pero el juez puede suspender la ejecución mientras se resuelve si el cumplimiento puede vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o si, de ejecutarse la pena, el indulto pudiera quedar sin sentido (art. 4.4 del Código Penal). Hay que pedirlo expresamente.
No. El artículo 6 de la Ley de Indulto establece que nunca comprende la indemnización civil, y el artículo 9 excluye también las costas procesales. El indulto solo afecta a la pena. Además, el tribunal sentenciador oye a la parte ofendida antes de emitir su informe.
El Gobierno, mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (art. 30 de la Ley de Indulto). Antes, el tribunal sentenciador emite un informe tras oír al fiscal, a la parte ofendida y, si el condenado está en prisión, al centro penitenciario. El indulto total exige que el tribunal aprecie razones de justicia, equidad o utilidad pública.
El indulto total perdona todas las penas pendientes de cumplir. El parcial perdona alguna de ellas o una parte. La conmutación sustituye la pena por otra menos grave, y la ley la considera una forma de indulto parcial (art. 4 de la Ley de Indulto).
El propio condenado, sus familiares o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de un poder escrito, según el artículo 19 de la Ley de Indulto de 1870. También pueden proponerlo el tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o el fiscal (art. 20), e incluso el Gobierno puede iniciar el expediente de oficio (art. 21). Lo importante es que la solicitud esté bien fundamentada.
Se dirige al Ministro de Justicia a través del tribunal que dictó la sentencia o del director del centro penitenciario donde se cumple la condena, según el artículo 22 de la Ley de Indulto. En todo caso, la solicitud se remite a informe del tribunal sentenciador (art. 23), que valora, entre otros datos, la conducta posterior, las pruebas de arrepentimiento y si hay perjuicio para terceros (art. 25).
Sí. El artículo 4.3 del Código Penal permite al juez o tribunal dirigirse al Gobierno proponiendo el indulto cuando la aplicación rigurosa de la ley lleve a una pena notablemente excesiva, atendiendo al mal causado y a las circunstancias del condenado, aunque la sentencia se ejecute. Según el artículo 28 de la Ley de Indulto, estos expedientes se tramitan con preferencia si el fiscal, la prisión y el ofendido no se oponen.
Como regla, no, pero hay excepción. El artículo 2.3.º de la Ley de Indulto excluye a los reincidentes en el mismo o en otro delito por el que hubieran sido condenados por sentencia firme, salvo que el tribunal sentenciador aprecie razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgar la gracia. Tampoco pueden indultarse quienes no están a disposición del tribunal para cumplir la condena (art. 2.2.º).
No. El artículo 9 de la Ley de Indulto establece expresamente que el indulto no se extiende a las costas procesales, igual que no comprende la indemnización civil (art. 6). Si te indultan una multa, quedas libre de pagar lo pendiente, pero no te devuelven lo ya pagado salvo que se diga expresamente (art. 8).
Normalmente sí, pero con excepciones. Según el artículo 6 de la Ley de Indulto, el indulto de la pena principal lleva consigo el de las accesorias, salvo la inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y la sujeción a vigilancia, que solo quedan incluidas si se mencionan expresamente. El artículo 7 permite también indultar solo las accesorias o solo la principal.
El indulto total solo procede si hay razones de justicia, equidad o utilidad pública (artículo 11 de la Ley de indulto). El tribunal que te condenó informa sobre tus circunstancias personales, tus antecedentes, la parte de la condena cumplida, tu conducta posterior y, especialmente, las pruebas de arrepentimiento, además de si hay parte ofendida (artículo 25). Por eso conviene acreditar trabajo, reparación del daño y buena conducta.
Debe ser escuchada. El artículo 24 de la Ley de Indulto obliga al tribunal sentenciador a oír a la parte ofendida, si la hay, además de al fiscal y de pedir informe sobre la conducta del penado. El artículo 15 fija como condición de todo indulto que no cause perjuicio a terceros y que se haya oído a la parte ofendida en los delitos perseguibles solo a instancia de parte.
No. El artículo 62.i) de la Constitución atribuye al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, pero prohíbe expresamente autorizar indultos generales. Cada indulto es individual, se tramita en su propio expediente y se concede por Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, según el artículo 30 de la Ley de Indulto.
No de forma automática. El indulto extingue la responsabilidad criminal (art. 130.1.4.º del Código Penal), pero los antecedentes se cancelan después, cuando transcurren sin delinquir los plazos del artículo 136, contados desde la extinción de la pena. En cuestiones de extranjería, la ley también tiene en cuenta la existencia de indultos al valorar los antecedentes (art. 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000).
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