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Abogado de delitos contra la Administración pública en Alicante

Si buscas un abogado de delitos contra la Administración pública en Alicante porque te investigan por una decisión, un contrato o un pago público, te explicamos qué se castiga y cómo planteamos la defensa.
Celeste Pérez Bleda, abogada penalista en Alicante
Revisado por Celeste Pérez Bleda, colegiada nº 7301 · Actualizado en octubre de 2026
Dos manos intercambian un sobre blanco con billetes sobre un fondo rosado claro

En resumen

Los delitos contra la Administración pública castigan a autoridades y funcionarios que abusan de su cargo y, en algunos casos, a los particulares que participan. Los principales son la prevaricación (artículo 404 del Código Penal, inhabilitación de nueve a quince años), el cohecho o soborno (artículo 419, prisión de tres a seis años), el tráfico de influencias (artículos 428 y 429, prisión de seis meses a dos años) y la malversación (artículo 432, prisión de dos a seis años). Si te investigan, no declares sin preparar antes la causa: la frontera entre irregularidad administrativa y delito suele estar en la prueba documental.

Qué son y a quién afectan

Son delitos que protegen el funcionamiento correcto e imparcial de las administraciones. La mayoría solo los puede cometer una autoridad o un funcionario público, pero el concepto penal es amplio: según el artículo 24 del Código Penal, es funcionario todo el que, por disposición de la ley, por elección o por nombramiento, participe en el ejercicio de funciones públicas. Eso incluye alcaldes, concejales, técnicos municipales, personal de organismos públicos y, en ciertos casos, personas que no son funcionarias de carrera.

Los particulares también pueden responder: quien paga un soborno, quien influye en un funcionario aprovechando una relación personal o quien gestiona fondos públicos por encargo. Las empresas pueden ser condenadas por cohecho y tráfico de influencias, como explicamos en compliance penal.

Prevaricación administrativa

El artículo 404 castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años. No lleva prisión, pero supone perder el cargo y no poder presentarse a elecciones durante ese tiempo.

No toda ilegalidad es prevaricación. Una resolución puede ser anulada por un tribunal contencioso sin que haya delito. Para que exista, la decisión tiene que ser arbitraria, no simplemente discutible, y quien la firma tiene que saber que es injusta. Ahí está, casi siempre, el núcleo de la defensa.

Cohecho y tráfico de influencias

ConductaPena principalArtículo
Funcionario que pide o acepta una dádiva para hacer algo contrario a su cargo, o para no hacer o retrasar lo que debePrisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de 9 a 12 años419
Funcionario que pide o acepta una dádiva para hacer un acto propio de su cargoPrisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de 5 a 9 años420
Funcionario que admite regalos ofrecidos en consideración a su cargoPrisión de 6 meses a 1 año y suspensión de 1 a 3 años422
Particular que ofrece o entrega la dádivaLas mismas penas de prisión y multa que el funcionario424
Funcionario que influye en otro funcionario para obtener una resolución con beneficio económicoPrisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio e inhabilitación de 5 a 9 años428
Particular que influye en un funcionario aprovechando una relación personalPrisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo y prohibición de contratar con el sector público de 6 a 10 años429

En el tráfico de influencias, si se obtiene el beneficio, las penas se imponen en su mitad superior. Si el soborno está relacionado con un contrato, una subvención o una subasta pública, el particular y su empresa pueden quedar inhabilitados para contratar con el sector público y recibir ayudas de cinco a diez años (artículo 424.3).

Un dato poco conocido: queda exento de pena el particular que accedió de forma ocasional a una petición de soborno de un funcionario y lo denuncia antes de que se abra el procedimiento, siempre que no hayan pasado más de dos meses desde los hechos (artículo 426).

Malversación

El artículo 432 castiga a la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie o consienta que otro se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo. La pena es de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de seis a diez años. Si el perjuicio supera los 50.000 euros o se causa un daño grave al servicio público, la prisión es de cuatro a ocho años con inhabilitación absoluta de diez a veinte; por encima de 250.000 euros, la pena se agrava aún más. Si el perjuicio es inferior a 4.000 euros, la prisión es de uno a dos años.

Destinar bienes públicos a usos privados sin ánimo de quedárselos se castiga con prisión de seis meses a tres años (artículo 432 bis), y dar a fondos públicos una finalidad pública distinta de la prevista, con las penas del artículo 433. Estas normas alcanzan también a particulares encargados de fondos públicos, depositarios de bienes embargados y administradores concursales (artículo 435).

Cómo te defendemos

  1. Reunimos el expediente administrativo completo: informes técnicos, informes jurídicos, actas y votaciones. Lo que constaba cuando se decidió es la mejor prueba de buena fe.
  2. Separamos la ilegalidad administrativa del delito. Defender que una decisión fue discutible, pero no arbitraria ni consciente, es muchas veces la clave.
  3. Analizamos la prueba de los pagos y las comunicaciones en los casos de cohecho o influencias, y la legalidad de cómo se obtuvo.
  4. En la malversación, valoramos reparar el perjuicio antes del juicio oral: el artículo 434 obliga a rebajar la pena en uno o dos grados.
  5. Te preparamos para declarar. Más información en citación como investigado.

Inhabilitación, cárcel y prescripción

La inhabilitación no se suspende. El artículo 80 permite dejar en suspenso las penas privativas de libertad de hasta dos años, pero no las inhabilitaciones. Para un cargo público, la inhabilitación suele ser la consecuencia más grave.

Prescripción. Los delitos castigados con inhabilitación de más de diez años, como la prevaricación o el cohecho del artículo 419, prescriben a los quince años (artículo 131).

Recursos. Muchas de estas causas se deciden en segunda instancia. Te lo explicamos en recursos penales.

Si eres perjudicado o quieres denunciar

Si una decisión pública arbitraria te ha perjudicado, por ejemplo en una licencia, una adjudicación o un proceso selectivo, puedes denunciar y personarte como acusación particular. Además, en España la acción penal es pública: cualquier ciudadano español puede querellarse ejerciendo la acción popular aunque no haya sido ofendido por el delito (artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Te ayudamos en acusación particular.

Preguntas frecuentes

Una resolución ilegal se anula en la vía contencioso-administrativa. Solo es prevaricación (artículo 404 del Código Penal) si es arbitraria y quien la dicta sabe que es injusta. Una interpretación jurídica razonable, aunque un tribunal la rechace, no es delito. Por eso los informes previos y el expediente son decisivos en la defensa.

No. La prevaricación administrativa del artículo 404 se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años. No hay prisión, pero implica perder el cargo y no poder presentarse a elecciones durante ese periodo, lo que para un cargo electo es muy grave.

Puede serlo. El artículo 422 castiga a la autoridad o funcionario que admite una dádiva o regalo ofrecido en consideración a su cargo o función, con prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo de uno a tres años. Si el regalo busca que haga algo concreto, propio o contrario a su cargo, se aplican los artículos 419 o 420, con penas mayores.

Sí. Quien ofrece o entrega un soborno a un funcionario recibe las mismas penas de prisión y multa que este (artículo 424). Y quien influye en un funcionario aprovechando una relación personal para obtener una resolución con beneficio económico comete tráfico de influencias (artículo 429), castigado con prisión de seis meses a dos años.

Sí. El artículo 434 obliga a imponer la pena inferior en uno o dos grados si el responsable repara de forma efectiva e íntegra el perjuicio causado antes del inicio del juicio oral, o si colabora activamente aportando pruebas decisivas. En el uso privado de bienes públicos, devolverlos en los diez días siguientes a la incoación del proceso evita que se apliquen las penas más graves del artículo 432.

Depende de para qué se pague. Si el funcionario recibe o pide una dádiva para hacer algo contrario a sus deberes, el artículo 419 del Código Penal prevé prisión de tres a seis años, multa e inhabilitación de nueve a doce años. Si es para un acto propio de su cargo, el artículo 420 prevé prisión de dos a cuatro años, multa e inhabilitación de cinco a nueve años.

Puedes quedar exento de pena. El artículo 426 del Código Penal exime al particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la petición de dádiva de una autoridad o funcionario, lo denuncie ante la autoridad que deba investigarlo antes de que se abra el procedimiento y siempre que no hayan pasado más de dos meses desde los hechos. Los plazos son cortos, así que conviene actuar con rapidez y asesoramiento.

El artículo 432 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie o deje que otro se apropie del patrimonio público a su cargo con prisión de dos a seis años e inhabilitación. Si el perjuicio supera 50.000 euros o se causa un daño grave al servicio público, la prisión es de cuatro a ocho años. Si es inferior a 4.000 euros, de uno a dos años y multa.

El concepto penal es más amplio que el administrativo. Según el artículo 24.2 del Código Penal, es funcionario público todo el que participe en el ejercicio de funciones públicas, ya sea por disposición de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. Lo decisivo no es tener plaza fija, sino ejercer funciones públicas. Por eso conviene analizar, en cada caso, qué funciones desempeñaba realmente la persona investigada.

Sí. El artículo 417 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que revele secretos o informaciones que conozca por su cargo y que no deban divulgarse con multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación de uno a tres años. Si causa un grave daño a la causa pública o a un tercero, la pena es de prisión de uno a tres años. Si se trata de secretos de un particular, de dos a cuatro años.

Lo comete la autoridad o funcionario que, interviniendo por su cargo en un contrato público, se concierta con los interesados o usa cualquier artificio para defraudar a un ente público. El artículo 436 del Código Penal lo castiga con prisión de dos a seis años e inhabilitación. El particular que se concierta con él recibe la misma pena de prisión y la inhabilitación para contratar con el sector público y obtener subvenciones de dos a siete años.

No. El artículo 439 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a dos años, multa e inhabilitación al funcionario que se aprovecha de que debe intervenir en un contrato u operación para conseguir participar en el negocio, directamente o por persona interpuesta. Y el artículo 441 sanciona con multa y suspensión al que, fuera de lo permitido, asesora a particulares en asuntos en los que interviene o ha intervenido por su cargo.

Puede ocurrir. Muchos delitos contra la Administración, como la prevaricación (art. 404 del Código Penal), la malversación o el cohecho, llevan pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Según el artículo 42, esa pena supone perder definitivamente el empleo o cargo sobre el que recae, aunque sea electivo, y no poder obtener ese u otros análogos durante la condena. Otros delitos prevén la suspensión de empleo, que solo priva de su ejercicio durante la condena (art. 43).

Más que otros delitos, porque cuenta también la inhabilitación. Según el artículo 131 del Código Penal, prescriben a los quince años los delitos con inhabilitación de más de diez años, como la prevaricación administrativa (art. 404, de nueve a quince años) o el cohecho del artículo 419 (de nueve a doce). La malversación básica del artículo 432.1, con hasta seis años de prisión, prescribe a los diez. El plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra una persona concreta (art. 132).

Sí. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la acción penal es pública (art. 101) y que todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no perjudicados, pueden presentar querella ejerciendo la acción popular (art. 270). Los extranjeros pueden querellarse por delitos cometidos contra sus personas o bienes. Una querella exige rigor, porque debe concretar los hechos y las pruebas, y conviene prepararla con asesoramiento.

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